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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó al ejército colombiano ampliar el número de efectivos en el Catatumbo, con el objetivo de combatir las estructuras criminales que operan en la zona. Así lo anunció en la red social X este jueves 28 de agosto.


“Solicité la militarización de la frontera del Catatumbo del lado Venezolano, para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia. He ordenado al ejército Colombiano ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano. Tenemos 25.000 soldados en la zona», dijo Petro en un post de X.


Petro señaló que el éxito en la lucha contra las organizaciones delictivas depende de la cooperación entre Bogotá y Caracas. “No es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos Estados quien lo logra”, enfatizó.


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Este mensaje de Petro surge luego de que el pasado 25 de agosto, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, anunció el despliegue de 15.000 funcionarios en los estados fronterizos Zulia y Táchira como parte de la creación de la denominada “Zona de Paz N.°1”.


Según explicó, este operativo busca reforzar la seguridad, combatir a grupos delictivos y garantizar la estabilidad en la frontera con Colombia. El plan contempla además el uso de aviación, drones y patrullaje fluvial.


Cabello destacó que este despliegue corresponde a una orden directa del Nicolás Maduro y representa una primera fase de refuerzo en la frontera venezolana. Asimismo, instó a las autoridades colombianas a colaborar en el mismo sentido para “asegurar la paz en todo el eje” y desalojar a quienes pretendan establecerse en la zona con fines delictivos.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) enfrentará un Paro Nacional de 24 horas este miércoles 27 de agosto de 2025, convocado por varios sindicatos que manifiestan preocupación por la “defensa de sus derechos laborales”, garantías sindicales y la situación interna de la institución.


La protesta tendrá lugar en las principales ciudades de Colombia e incluye tanto acciones presenciales como digitales. Según los sindicatos, la jornada busca exigir soluciones reales a las dificultades del sistema de formación, así como respeto y condiciones dignas para la comunidad educativa.


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Los motivos del paro están señalados en los materiales gráficos difundidos por Sindesena. Entre los argumentos centrales se encuentran:


  • Falta de soluciones estructurales a problemáticas previamente planteadas que, según Sindesena, han sido expuestas a la administración sin recibir respuestas satisfactorias.

  • Guía de movimientos de personal, la cual regula traslados, reubicaciones y permutas, y exige un mínimo de tres años de antigüedad para acceder a estos procesos, excluyendo a trabajadores con necesidades urgentes.

  • Concurso de directivos, cuya dilación desde 2023 ha generado una administración provisional, posibles irregularidades y restricciones al desarrollo institucional.

  • Incumplimiento de garantías sindicales pactadas en los acuerdos firmados durante los años 2015, 2018, 2021 y 2024.


En los mensajes de convocatoria, se resalta: “Trabajadores y aprendices nos unimos en un Paro Nacional de 24 horas para exigir soluciones reales a las problemáticas de la entidad, respeto a las garantías sindicales y condiciones dignas para la comunidad educativa. La movilización es nuestra fuerza.”


Las denuncias, resumidas los materiales difundidos, incluyen:


  • Dilación injustificada del concurso de directivos desde 2023, con posible detrimento patrimonial de $1.500 millones, nombramientos a dedo y rotación sin criterio técnico.

  • Trato inhumano en reubicaciones y restricciones para trabajadores, derivadas de la guía interna.

  • Obstáculos al accionar de la Comisión Nacional de Personal, y falta de garantías para otros sindicatos, junto al no cumplimiento de acuerdos de años anteriores.

  • Irregularidades en la evaluación de entrevistas y hojas de vida, donde algunos aspirantes recibieron calificaciones de cero sin justificación, presuntamente para favorecer a terceros.

  • Falta de voluntad política por parte de la dirección para resolver los problemas del SENA, según argumentan los sindicatos.


El sindicato afirma que estos escenarios han afectado la estabilidad de los empleados y la calidad de la formación ofrecida en los diferentes centros del país.

El Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Málaga, Santander, declaró en desacato a la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres, y a dos altos funcionarios de esa cartera por incumplir una orden judicial que exigía expedir una nueva resolución de delimitación del páramo del Almorzadero, ubicado entre Santander y Norte de Santander.


La providencia recuerda que, desde el 3 de septiembre de 2019, el Tribunal Superior de Bucaramanga había ordenado al Ministerio de Ambiente realizar en el plazo máximo de un año un nuevo proceso de delimitación del complejo de páramos, garantizando la participación efectiva de las comunidades, tal como lo exige la sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional.


Sin embargo, el juzgado concluyó que, pese a los informes y gestiones administrativas presentadas por el Ministerio, no se acreditó la expedición de la resolución ni el cumplimiento de las fases mínimas de participación ciudadana. Para el despacho judicial, se configuró un incumplimiento material y continuado de la orden que afecta no solo la autoridad de la justicia constitucional, sino también el derecho fundamental a la participación de las comunidades.


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En consecuencia, el juez Miguel Roberto Flórez Prada sancionó con multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ministra Vélez Torres; a Delio Mendoza Hernández, director de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos; y a Mauricio Cabrera Leal, viceministro de Políticas y Normalización Ambiental. La sanción deberá pagarse en los próximos diez días hábiles.


La decisión será enviada en grado de consulta al Tribunal Superior de Bucaramanga y, de quedar en firme, se librarán las comunicaciones correspondientes para el cobro coactivo de las multas.

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