La Corte Constitucional debate sobre invalidar las posesiones o pertenencias sobre terrenos baldíos desde 1940.
Como regla uno está en la ponencia del magistrado Antonio Lizarazo, que los terrenos baldíos solo se pueden adquirir mediante adjudicación por parte del Estado. Concretamente la adjudicación debe hacerse vía administrativa y no vía judicial, porque esos terrenos baldíos son del Estado y no deben estar en manos de terceros, es decir de privados.
Esta decisión es clave porque sería la respuesta a las propuestas que tiene el gobierno de Gustavo Petro y su reforma agraria y la intención de que los terrenos baldíos pasen a manos de los campesinos para hacerlas productivas
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