Ante la JEP el exgobernador de Santander dio nuevas declaraciones sobre sus vínculos con el paramilitarismo.
Este martes 23 de enero, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo fue citado por la JEP para dar nuevas declaraciones como última oportunidad para revisar si se aceptará o no la solicitud de que sea incorporado a la Jurisdicción.
En esta cita se le pidió brindar información novedosa, diferente a la ya entregada, para así emitir un pronunciamiento sobre el sometimiento e ingreso del exgobernador de Santander a la JEP.
El polémico político no podía presentar relatos exculpatorios sobre el paramilitarismo en el departamento, o la relación directa con el conflicto armado colombiano.
“Los delitos por los cuales fue condenado y está siendo procesado afectaron bienes jurídicos de carácter colectivo y no recayeron sobre bienes de víctimas individuales”, explicó el magistrado Juan Ramón Martínez Vargas.
Entre los 24 procesos que se adelantan en su contra como lavado de activos y enriquecimiento ilícito, además de cumplir una pena, el exgobernador dio nuevos aportes del momento cuando fue gobernador de Santander (2004 - 2007) y hasta diputado en 2001.
“La construcción del parque Chicamocha lo proyecté en una de las zonas más álgidas de Santander, donde había retenes de paramilitares, en municipios como Cepitá, Zapatoca y Jordán. Quería reactivar el turismo. Habían guerrilleros trabajando en Panachi, los obreros eran 6 guerrilleros del ELN quienes iba a activar bombas en la obra y 6 paramilitares. También habían más de 50 reinsertados de las AUC en la construcción del parque”, confirmó el exmandatario.
Dijo que Nelson Naranjo, excongresista condenado por parapolítica, estuvo al tanto del contrato de los obreros “llevó los reinsertados para cumplir con unos compromisos porque él reconoció que consiguió la curul gracias al apoyo de Ernesto Báez”.
Participación de AUC en construcción del parque Chicamocha
Siendo así las cosas, el exgobernador reconoció la participación de las AUC en la construcción del Parque Nacional del Chicamocha, como un favor a miembros paramilitares que supuestamente ya habían firmado el acuerdo de paz gestado en 2002.
“Acepto la condena de la Corte, por el beneficio que recibí de las AUC y reinsertados que trabajaron en el parque. Tenía conocimiento y con eso se estaba cumpliendo a la organización, pese a que ya había un proceso de paz, donde decía que ya podían trabajar en obras civiles”, señaló Aguilar Naranjo.
En medio de la audiencia pública, el exgobernador entregó estudios topográficos del corregimiento San Rafael de Lebrija, para ayudar en la búsqueda de cuerpos y la reparación a las víctimas del conflicto en esta región de Rionegro.
“Pido perdón y hoy me arrepiento”
“Jamás recibí un peso a las AUC, ni he manejado un peso de ellos. Me apoyaron para ser elegido como gobernador, eso sí. Asumo la responsabilidad por el afán de ser gobernador, pido perdón y hoy me arrepiento; además de las consecuencias que he pagado por mi familia y la vergüenza con el pueblo santandereano”, agregó.
Entre las novedades también habló de casos como la elección del alcalde del Carmen de Chucurí y Cimitarra, apoyados por grupos paramilitares en 2004. El aporte para el peritaje de los muertos que fueron lanzados a cocodrilos en San Rafael de Lebrija. Omitir la violencia paramilitar en Puerto Wilches. Los inicios de su relación con los paramilitares desde 1993, cuando hizo parte del Bloque de Búsqueda y capturar a Pablo Escobar.
“”En 2001 como diputado hice uso de la omisión sobre el crecimiento de las AUC y guerrilla en el departamento. Nunca hicimos un debate. Me llegaban denuncias de extorsiones y desplazamientos, incluso el robo al oleoducto de Ecopetrol en Barrancabermeja.
Afirmó que en ese entonces tenía conocimiento de la presencia de grupos paramilitares que desplazaban a comerciantes por no pagar extorsiones en municipios como Barbosa, Vélez, Puente Nacional, Güepsa, Florián, Sucre, Suaita, Gámbita, Confines, Socorro, Simacota, Chima, Galán, Palmas de Socorro, San Gil, Charalá, Villanueva, Cabrera, Jordán, Cepitá, Curití, Rionegro, Lebrija, Zapatoca, Barrancabermeja, Sabana de Torres, El Playón, Puerto Wilches, Bucaramanga y su área metropolitana, Los Santos, entre otros.
“19 alcaldes de la provincia de García Rovira y Soto Norte no podían ir a sus municipios y trabajaban desde la Gobernación. En mi campaña para ser gobernador es que entra el apoyo de las AUC. Tenía que pedir permiso para poder hacer proselitismo y le decían a la población que debían votar por mí”, mencionando que en varias ocasiones fue objetivo militar y ante las amenazas se sintió en la obligación de aceptar el apoyo de esta organización armada.
En clínicas y hospitales atendían a “paras” enfermos
Aseguró que en todos los hospitales y clínicas de Santander se atendían a paramilitares enfermos, incluso se les debía entregar medicamentos de la EPS. Así como reafirmó que el nombramiento de Bonel Patiño como secretario de Educación en su gobernación fue como un favor, ya que tenía pleno conocimiento de los supuestos vínculos entre Patiño y alias Ernesto “Báez”.
“Lo destituí porque no trabajaba los viernes y volvía el martes. No quiso entregar la Secretaría hasta tres días después. Me amenazó y a los 3 meses salió a decir que él había sido nombrado como cuota de Ernesto Báez en Santander”.
Al final de su intervención sugirió ceder dos de sus predios que hacen parte de un proyecto de agricultura que tenía, y así dar un aporte a la reparación de víctimas. Afirmó que una de estas propiedades le pertenecía a su esposa Mónica María Barrera.
La segunda sesión de esta audiencia pública se realizará el próximo 31 de enero. Pues al momento, tanto representantes de la Procuraduría como magistrados y la JEP hará una revisión de la información entregada.
Tomado de: caracol.com.co
