Según el Ministerio de Educación, los presuntos estafadores se presentan como empleados de la institución.
De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Educación, individuos sospechosos de cometer fraude se hacen pasar por miembros del personal de la institución, empleando documentos falsificados, con el objetivo de obtener ganancias a costa de la comunidad mediante propuestas engañosas y procedimientos de contratación ilícitos.
Recurren a llamadas telefónicas y correos electrónicos para atraer tanto a individuos como a entidades que ofrezcan bienes o servicios, y posteriormente utilizan los nombres de directivos o funcionarios vigentes para emitir instrucciones relacionadas con distribución, compras, procesos de contratación, licitaciones y convocatorias. Su objetivo es persuadir a los ciudadanos para que entreguen productos o dinero.
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